Estudiantes de la Escuela Don Cecilio Acosta son impedidos de ingresar al parque central de Tucupita por normativas de Inparques
El acceso al parque central de Tucupita le fue negado ayer miércoles 4 de noviembre a un grupo de estudiantes de la escuela especial Don Cecilio Acosta —institución que atiende a personas con discapacidad y movilidad reducida— que se había trasladado en autobús para realizar una actividad recreativa.
La negativa se produjo debido a las normativas internas del Instituto Nacional de Parques (Inparques), las cuales exigen una solicitud previa por escrito y el pago de una tasa arancelaria para permitir el ingreso de grupos.
Ante la imposibilidad de cumplir con dichos trámites de manera inmediata, el autobús escolar debió retornar con los estudiantes sin concretar el paseo.
Este incidente no constituye un cuestionamiento hacia la labor de los trabajadores de Inparques, quienes se limitan a ejecutar los protocolos institucionales vigentes. El fondo de la problemática está en lo estricto de una normativa que carece de perspectiva social y de comprensión contextual, aseguran los padres y representantes.
Exigir trámites administrativos formales y pagos a instituciones de educación especial vulnera el principio de accesibilidad y convierte una norma de control en una barrera de exclusión.
Los afectados que abordaron a El Maraisa reflexionaron en torno a que las directrices operativas de los espacios públicos y naturales del Estado, deben contemplar excepciones claras para fundaciones, escuelas especiales y sectores prioritarios, ponderando el bienestar y el derecho a la recreación por encima de los requerimientos recaudatorios o procedimentales.
La situación ocurrida en Tucupita evidencia la urgencia de revisar y flexibilizar los reglamentos de uso de los espacios recreativos, adaptándolos a las necesidades reales de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.



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